Instituciones del Gobierno deben indicar cantidad de asesores antes del 30 de junio, según el MAP

Santo Domingo, R.D. El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, aseguró que la reciente medida que regula la cantidad de asesores en los órganos y entes del Poder Ejecutivo busca racionalizar y transparentar la nómina pública, así como la mejora del gasto, en coherencia con los planes y compromisos del Gobierno de eficientizar la gestión pública.

Al referirse a la resolución núm. 184-2024, que establece que las instituciones del Poder Ejecutivo solo podrán nombrar dentro de su estructura organizativa, una cantidad máxima de asesores, equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la institución, Castillo Lugo indicó que esas medidas fueron tomadas de acuerdo con lo dispuesto en la ley núm. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley núm. 247-12 Orgánica de la Administración Pública, ley núm. 41-08 de Función Pública y la ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público; además de la ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado dominicano, entre otras normativas vigentes.

Castillo Lugo recordó que, según la Ley núm. 247-12, la Administración Pública se rige por el ordenamiento jurídico del Estado y se organiza y desarrolla en base a principios, como el de eficiencia de la actividad administrativa y de racionalidad, entre otros, que indican que, tanto la asignación de recursos a las instituciones públicas, como la conformación de sus estructuras internas, deben propender al logro de metas y a la utilización racional de los recursos del Estado.

Destacó que, conforme al mandato presidencial, el MAP está inmerso en el proceso de reforma y modernización de la Administración Pública (Reformap), tal como establece el Decreto núm. 149-21, que incluye el fortalecimiento del marco normativo y la reestructuración del cuerpo administrativo del Poder Ejecutivo.

Explicó que la Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo tiene como primer objetivo general, la conformación de una Administración Pública eficiente, transparente y orientada a resultados. “Para alcanzar este objetivo, es crucial que nuestro aparato público se organice y ejecute acciones basadas en criterios de necesidad, eficiencia, eficacia y economía”, puntualizó mediante un comunicado de prensa.

Inisitió en que con miras a la elaboración de los anteproyectos de presupuesto para el año 2025, los entes y órganos deberán presentar al MAP, antes del 30 de junio de 2024, sus propuestas de modificación a la estructura de cargos, indicando el número de asesores, el funcionario de alto nivel al que se reportará y la escala salarial que regirá para ellos, para fines de aprobación.

Asimismo, en el caso de las instituciones que decidan mantener en nómina, más allá del 31 de diciembre de 2024, a las personas que actualmente se desempeñen como asesores, por encima de la cantidad máxima establecida en la resolución, deberán reubicarlos y designarlos en cargos con funciones sustantivas o transversales específicas, vacantes o debidamente necesarios, y que estén presupuestados, según lo dispuesto en el artículo 1, de la Ley núm. 41-08, de Función Pública.

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