Director El Limón de Samaná: jóven, ingeniero y declaró sus bienes
La Declaración de Patrimonio debe publicarse en la página web de la Junta Distrital.
Fernando Mercado, director del Distrito Municipal El Limón de Samaná

Samaná, R.D. Al entrar al cargo por primera vez, el director distrital Fernando Mercado Morel, depositó la declaración jurada con el detalle de los bienes de su patrimonio en el año 2020.

El ordenamiento jurídico que rige en la República Dominicana obliga a los directores distritales a declarar los bienes que posee al entrar a administrar recursos públicos y a la salida del cargo.

Fernando Mercado (Rafy) nace en Samaná, en el 1981, de profesión ingeniero civil, con dos hijos y en estado de unión libre con la señora Queimi Gerónimo, quien es psicóloga en el Ministerio de Educación.

Trabajó en el puesto de gerente de operaciones en LyB Residence, S.R.L. desde el 2013 al 2020 y declaró que sus bienes son los siguientes: una residencia adquirida en el año 2004 por RD$5 millones de pesos; parcela rural comprada en el 2012 con un valor de $3,878,000.00 pesos; una Jeepeta Hyundai Tucson 2011 de $800 mil pesos y un Jeep Grand Cherokee 2013 en $1,050,000.00 compradas en el 2019; y tres cuentas bancarias en pesos en el Banreservas, con unos $39 mil pesos, según la declaración.

Los únicos ingresos declarados por el director Mercado Morel son: $50 mil pesos de sueldo mensual y $12,500 de viáticos en la Junta Distrital.

El exdirector Romelio Jones (izquierda), entrega el cargo a Fernando Mercado Morel

La Ley 311-14 tiene el propósito de promover la gestión ética y proveer a los órganos públicos de control e investigación de la corrupción administrativa.

Establece que el servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública.

En cuanto al delito de falseamiento de datos dice que: “Quien debido a su cargo estuviere obligado por ley a presentar declaración jurada de bienes y falseare los datos que las declaraciones deban contener, será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central.

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