Cobertura y Calidad Educacional: demandas de la República Dominicana en el 2022

Dr. Ernesto Figueredo E.

Los países latinoamericanos y del caribe asumieron, desde una mirada constitucional, garantizar educación primaria para todos y todas en los años 50 del pasado siglo. Ello implicaba contar con maestros y maestras, recursos escolares e infraestructura mínimas para emprender el viaje hacia el acceso a cultura de toda la población, independientemente de su nivel económico.

En el Artículo 29 de la Constitución de la República Dominicana del año 1844 se dice: “Será creada la instrucción pública, común a todos los ciudadanos, gratuita en todos los ramos de enseñanza primaria, cuyos establecimientos serán distribuidos gradualmente en proporción combinada con la división del territorio; la ley arreglará los pormenores, tanto de estos ramos como de la enseñanza de artes y ciencias.”

El Artículo 63 de la Constitución del 2015 indica: “Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.” Se precisa en el apartado 3: “El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio. La oferta para el nivel inicial será definida en la ley. En el 4 se enuncia: El Estado velará por la gratuidad y la calidad de la educación general, el cumplimiento de sus fines y la formación moral, intelectual y física del educando.”

De tal manera, la historia de la República Dominicana precisa una clara postura sobre la necesidad de garantizar cobertura y educación de calidad para todos y todas. Se puede entender que la calidad debe seguir mejorando y que se puedan observar “saltos al vacio” cuando, por ejemplo, quieren incorporar tecnologías al proceso formativo y las(os) profesoras(es), familias y niños(as) y jóvenes tienen limitadas o nulas posibilidades de conectividades a las redes e insuficiente manejo tecnológico.

Por ejemplo, es triste estimular eliminar las pizarras como medios de enseñanza cuando no se tiene infraestructura escolar y uso pertinente de las mismas por maestros y maestras. Es muy extraño querer instalar una cultura digital cuando todavía en las escuelas las pizarras están pintadas en las paredes de las aulas y apenas se cuentan con algunas acrílicas. Todo va resultando muy extraño y desconcertante.

En el año 2022 voces políticas se alzan en la palestra pública pidiendo que el gobierno observe que la ley suprema de la nación será violada en su artículo 63, apartado 10: “La inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida, en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencias de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas.” Es decir, disposición que se fija desde el 1844 y luego se precisa y consolida en el 2015 y; que pareciera que los gobernantes puedan estar por encima de la Ley Suprema…

Algunos piensan que el problema de la educación está en relación con la falta de planificación del actual gobierno o insuficiencias del pasado. De tal manera, pareciera ser que todo se circunscribe a insuficiencias temporales de los gobernantes. Se deja a un lado que no se profundice en un análisis que permita encontrar argumentos que consoliden un Proyecto de Desarrollo Educacional del País. La educación es de naturaleza sistémica y comprende cobertura y calidad bajo el alero de una política de Estado. Se debe dejar a un lado la constatación del estado del arte de la educación para alcanzar posicionamientos políticos de partidos y gobernantes de turno.

Los recursos económicos destinados a la educación se elevan llegando al 4 % del producto interno bruto del País, pero pareciera que no se percatan de la realidad de la cobertura y calidad de la educación y del impacto del gasto a través de adecuados indicadores. Al estar ausente una clara política de Estado no se está cumpliendo con el mismo Artículo 63 en su apartado 12, en que se indica: “Con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada, serán obligatorias la instrucción en la formación social y cívica, la enseñanza de la Constitución, de los derechos y garantías fundamentales, de los valores patrios y de los principios de convivencia pacífica.” La educación es la vía de acceso a cultura y ser cultos o es lo que reamente no hace libres como indicara José Martí. La fragilidad de lo acontecido en cobertura y calidad de la educación es sensible y se instala como un problema histórico.

Según la UNICEF 3 de cada 5 niños perdieron un año escolar durante la pandemia de COVID – 19. Se reconoce el esfuerzo realizado por mantener la enseñanza y aprendizaje vía online. Indudablemente, el regreso a la presencialidad se acompaña con un aumento significativo de necesidades individuales de apoyo a la diversidad de alumnas y alumnos. Es necesario adoptar posturas que antepongan el desarrollo emocional al cumplimiento de las exigencias curriculares. Al efecto es preciso contar con orientaciones al respecto. En este orden comparto la postura de los que alzan la voz ante el riesgo de que las niñas, niños y jóvenes que no puedan asistir a colegios públicos por falta de cupos, tengan que ir a colegios privados y fuera del entorno de su hogar. Cierta la observación por el impacto que ello pueda implicar en cuanto a las posibilidades de traslado, adaptación social, niveles de exigencias entre otros factores.

No obstante, la constitución indica en el Articulo 63 en su apartado 13 que: “El Estado garantiza la libertad de enseñanza, reconoce la iniciativa privada en la creación de instituciones y servicios de educación y estimula el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de acuerdo con la ley.” Este marco legal asume que toda escuela se constituye bajo la misma y única mirada que indica el apartado 12 y por tanto se obliga de forma jurídica, valórica y profesional a garantizar un servicio educacional de calidad para sus estudiantes. En ello se manifestará su carácter inclusivo de la diversidad de alumnas y alumnos.

La idea clave para promover el cambio está en diseñar una política de estado sobre el Sistema Educacional de la Republica Dominicana y en consecuencia fijar una ruta que facilite garantizar su cobertura y calidad y que active a profesionales que contribuyan a su logro. Los recursos y profesionales están y de existir un espacio para cooperar, estaré presente.


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